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Politicas de Información
Hablar de políticas de información está “de moda” a nivel mundial, desde que el gobierno Clinton- Gore, en los Estados Unidos, lanzase su propuesta de la National Information Infrastructure (NII) a partir de 1993. Pero... ¿qué es exactamente una política de información? Esta pregunta puede parecer más que nunca retórica; sin embargo, es preciso reflexionar para establecer una definición certera. Desde nuestro punto de vista, dos son los factores que motivan una nueva aproximación al concepto:
a) La convergencia de medios, tecnologías y servicios que, cada vez más, están demandando el establecimiento de un orden político que sirva para regular esta convergencia.
b) El “artículo de fe” ampliamente aceptado que sugiere que una política de información tiene el potencial de contribuir positivamente al bienestar económico y social.
Según el Diccionario de la Real Academia Española4 , además de otros significados, política se define como: orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Partiendo de esta definición podríamos decir que una política de información está constituida por aquellas directrices que rigen a un país hacia la consecución del derecho a la información por parte de todos sus ciudadanos.
Las políticas de información hoy, deben interactuar estrechamente, no sólo con las dirigidas hacia archivos y bibliotecas, sino también con políticas de campos convergentes como la informática y las telecomunicaciones. Las políticas de información suelen responder a estímulos concretos en un período de tiempo, y por consiguiente deben ser flexibles. Tradicionalmente han sido la respuesta gubernamental directa a la emergencia y desarrollo de una tecnología específica v. gr. la imprenta, el teléfono, la radio, y ahora Internet. El desarrollo de la red Internet y de las telecomunicaciones, la producción de contenidos digitales o la digitalización de la información preexistente, han forjado muchos cambios en el mundo de la información.
a) La convergencia de medios, tecnologías y servicios que, cada vez más, están demandando el establecimiento de un orden político que sirva para regular esta convergencia.
b) El “artículo de fe” ampliamente aceptado que sugiere que una política de información tiene el potencial de contribuir positivamente al bienestar económico y social.
Según el Diccionario de la Real Academia Española4 , además de otros significados, política se define como: orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Partiendo de esta definición podríamos decir que una política de información está constituida por aquellas directrices que rigen a un país hacia la consecución del derecho a la información por parte de todos sus ciudadanos.
Las políticas de información hoy, deben interactuar estrechamente, no sólo con las dirigidas hacia archivos y bibliotecas, sino también con políticas de campos convergentes como la informática y las telecomunicaciones. Las políticas de información suelen responder a estímulos concretos en un período de tiempo, y por consiguiente deben ser flexibles. Tradicionalmente han sido la respuesta gubernamental directa a la emergencia y desarrollo de una tecnología específica v. gr. la imprenta, el teléfono, la radio, y ahora Internet. El desarrollo de la red Internet y de las telecomunicaciones, la producción de contenidos digitales o la digitalización de la información preexistente, han forjado muchos cambios en el mundo de la información.
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