ESPAÑA


 
HISTORIA:
Si por algo se han caracterizado las iniciativas españolas en el pasado es por la falta de globalidad. Se han llevado a cabo acciones sin un plan previo general, y actuaciones sectoriales independientes, sin coordinación entre sí.
Para encontrar los orígenes a las primeras Políticas de Información en España nos tendríamos que remontar a la preocupante situación vivida a comienzos de la década de los 80. El sector de la información en nuestro país estaba considerablemente atrasado respecto al resto de los países desarrollados, lo que suponía el peligro de no subirse al "tren" de la Sociedad de la Información.
En 1982, el Gobierno español incluye en su organigrama la primera Subdirección General de Documentación e Información Científica, en el seno de la Secretaría de Estado de Universidades, que dependía del Ministerio de Educación y Ciencia. Es la primera vez que se trata a la política de información como un elemento más de la política científica española y provocará que ambas caminen de la mano durante dos décadas en España.
EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su Artículo 35.H hace referencia a la Constitución, diciendo que los ciudadanos tienen derechos en sus relaciones con la administración pública, incluso el derecho:
Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes.
DERECHOS DE AUTOR EN LA LEY ESPAÑOLA:
Los derechos de autor constituyen uno de los principales derechos de propiedad intelectual, cuyo objetivo es dar solución a una serie de conflictos de intereses que nacen entre los autores de las creaciones intelectuales, los editores y demás intermediarios que las distribuyen y el público que las consume (Bondía, 1988).
Junto a los derechos de autor se encuentran los denominados derechos afines, conexos o vecinos, entre los que podemos mencionar los de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. Si utilizamos el término en inglés (intellectual property), su sentido es todavía más amplio, ya que también incluye lo que en España se denomina propiedad industrial, esto es, patentes, marcas, diseños industriales, etc.
El Plan IDOC:
En 1983 nace el Plan Nacional sobre Información y Documentación de mano de la citada Subdirección General de Documentación e Información Científica.
Entre los objetivos de este plan estaban el diagnosticar el estado de la información en España, sensibilizar a los poderes públicos sobre el valor político, económico y cultural de la Información y la Documentación, y conducirles a establecer una política de información coordinada por la Administración española.
LEY DE LA CIENCIA:
La ley 13/86 de 14 de abril , de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica, más conocida como la Ley de la Ciencia fue un intento de coordinación de la política científica española.
Esta iniciativa se llevó a cabo entre 1988 y 1991 y entre los objetivos del plan relacionados con la todavía inexistente Política de Información estarían el progreso del conocimiento y el avance de la innovación y desarrollo tecnológico; el desarrollo de servicios públicos; la conservación del Patrimonio Artístico e Histórico; el fomento de la creación artística y el progreso y difusión de la cultura; la mejora de la calidad de la enseñanza; y la adecuación de la sociedad española a los cambios que conlleva el desarrollo científico y la nuevas tecnologías.
De esta ley, surgieron diversos organismos encargados de su aplicación, entre ellos la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICyT).
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (LGT):
En 1998 se promulgó la Ley General de Telecomunicaciones , entre cuyos objetivos destacan: la necesidad de preservar la libre competencia y, con ella, el derecho de los ciudadanos a los servicios de información; la regulación, al tiempo, del servicio público, ofrecido por las empresas a las que se concede la explotación de las redes públicas de telecomunicaciones y al tiempo, del cobro de las tasas correspondientes; finalmente, la distribución del control de las telecomunicaciones entre distintos órganos de la Administración.
COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:
En julio de 1999 nace el primer hito en la definición de una política global de información con la creación de la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información, presidida por el Ministerio de Industria y con la participación de miembros del resto de ministerios españoles a excepción del ministerio de defensa.
El objetivo de esta comisión es elaborar una iniciativa estratégica para incluir a España en la Sociedad de la Información coordinándose con las Comunidades Autónomas. Será el germen del Plan Info XXI.
PLAN INFO XXI:
Ya en el 2001 el ex-presidente del Gobierno (a fecha de hoy presidente en funciones), José María Aznar, y la ex-ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, presentaban un proyecto para impulsar las Tecnologías de la Información y cuyas pretensiones no eran otras que completar la liberalización del sector y favorecer la competencia, potenciar la Administración electrónica y el acceso de todos a la Sociedad de la Información. Nacía así el Plan Info XXI, un proyecto de tres años de duración (2001-2003) y con un presupuesto de 825.000 millones de pesetas. Un plan cuyo origen se encontraba en el Proyecto e-Europe, aprobado por la Unión Europea a mediados de 2000 en Lisboa, pero que España no puso en marcha hasta el año 2001.
INTERNET PARA TODOS:
Con tal panorama, el Gobierno intentó relanzar el programa para cumplir los resultados previstos. Y así, en mayo de 2002, fue presentado "Internet para todos" como una de las acciones más ambiciosas para impulsar la Sociedad de la Información en España. Se trata de un programa, encuadrado dentro del Plan Info XXI, de movilización social que incluye medidas para asegurar el acceso de todos los ciudadanos y empresas a la Sociedad de la Información potenciando las redes de banda ancha y propiciando una formación básica en nuevas tecnologías.
Una vez más las críticas no se hicieron esperar. La Asociación de Internautas (AI)censuraba "la superficialidad, falta de rigor y criterio" del Ministerio. Sus errores más graves eran que www.internetparatodos.es no era accesible para discapacitados ni para todas las personas que no utilizaban Microsoft, ya que los centros de formación debían disponer de una infraestructura con un servidor web Internet Information Server 4.0, quedando fuera del programa todos los usuarios de Macintosh y Linux.
En cuanto a la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) , calificaba el programa de "loable y positivo pero carente del soporte económico suficiente para su desarrollo", pidiendo un "compromiso presupuestario" para llevarlo a efecto.
En definitiva, el Gobierno aprobaba en materias de banda ancha y ciber-administración, y suspendía en acceso a la Red, formación de los trabajadores e inversión en Investigación y Desarrollo.
NACE ESPAÑA.ES:
Ante el fracaso que supuso el Plan Info XXI, el Gobierno aprobó el 11 de julio del 2003 España.es , "un conjunto de acciones y proyectos concretos que representarán un importante impulso para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España".
El plan tendría una vigencia de dos años (2004-2005) con un coste inicial previsto de 1.029 millones de euros, de los que la Administración General del Estado aportará el 63%, las Comunidades Autónomas el 26% y el sector privado el 11%.
Áreas de actuación de España.es
Las seis áreas de acción que forman el Programa de Actuaciones como tal, están clasificadas en dos bloques bien diferenciados. Un primer bloque con tres áreas de carácter vertical dedicadas a fomentar la Administración electrónica, educación y pymes, que absorberán el 54% del presupuesto, con 553 millones de euros y otro bloque con tres de carácter horizontal que se dirigen a toda la población en general y se centran en accesibilidad y formación, contenidos y comunicación, con una inversión del 46% restante, 475 millones de euros. La mayor inversión se destina a educación con 241 millones de euros, seguida de accesibilidad y formación con 240 y contenidos digitales con 220 millones de euros.
BIBLIOGRAFIA:
Gómez Fernández-Cabrera, J. Políticas de Información y Documentación en España. En García Guitiérrez, A.(Ed.): Introducción a la Documentación Informativa y Periodística. Sevilla: Editorial Mad, 1999, pp.155-185
La sociedad de la información en España. Madrid: Telefónica, 2000. Disponible en http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/
Métrica de la sociedad de la información en España. Madrid: Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Ministerio de Industria y Energía, 2000. Disponible en: http://www.sedisi.es/05_Estudios/metrica.zip
http://www.accessinfo.org/documents/Access_Docs/Advancing/Spain/Preguntas_y_respuestas.pdf